La Comisión de Derechos Humanos de Ica, institución que en los casi treinta años de vida institucional ha promovido, difundido y defendido los derechos fundamentales y constitucionales de las personas y de la comunidad considera necesario expresar su preocupación y rechazo ante los siguientes hechos:
· Como es de conocimiento público en los últimos meses el Gobierno Peruano ha procedido a clausurar emisoras del interior del país que han mantenido una posición crítica hacia la política y modelo de desarrollo, implementado por este gobierno
Tal vez, el caso más ilustrativo es el que atraviesan nuestros hermanos del oriente, pues nuestras autoridades han cancelado la licencia de emisión de “La Voz de Bagua Grande” y han emitido un Pre dictamen a “Radio- Televisión Oriente” determinando el encarcelamiento del director de este medio por el sólo hecho de mostrar al mundo, el uso inadecuado de la fuerza pública contra nuestros connacionales, ante lo ocurrido en la curva del diablo Bagua.
Incluso, la titular de la Primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas, Sandra Alarcón, ha acusado entre otras personas, al Reverendo Padre Mario Bartolini Palombi Párroco del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, de haber instigado a nuestras hermanas y hermanos amazónicos a cometer el delito de rebelión contra las autoridades del Gobierno Nacional, y por ello solicita al Poder Judicial expulse de nuestro País al Padre Bartolini.
· Es extraño que el rol de fiscalización que han asumido las autoridades del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, coincida con aquellas emisoras ubicadas en los departamentos donde los conflictos sociales se dan con mayor frecuencia –Cusco-Ayacucho-Arequipa-Bagua, entre otros, y fundamentalmente donde los medios de comunicación locales se han encargado de mostrar a todas y todos los Peruanos, las debilidades de nuestros gobernantes para afrontar y solucionar los problemas en nuestro País.
Del mismo modo, no es menos extraño que el pedido de la Fiscal Alarcón, se sustente sólo en las expresiones que el Padre Bartolini realizó al momento de calificar la conducta de nuestras autoridades nacionales, pues solamente utilizó adjetivos firmes y severos.
· Ante estos hechos es necesario reafirmar el derecho a la libertad de expresión, como derecho fundamental expresado en nuestro Texto Constitucional, y reconocido en los documentos internacionales sobre derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
· Desde la Comisión de Derechos Humanos de Ica, consideramos que la libertad de expresión prohíbe que cualquier persona sea impedida de manifestar su propio pensamiento o difundir cualquier tipo de información; así como el derecho a no verse sometida a represalias a causa de sus opiniones. Llama la atención que ante un contexto electoral el gobierno inicie una política de presión y censura con los periodistas y empresarios de los medios de comunicación por el solo hecho de ser neutrales en la información.
· En este marco, la Comisión de Derechos Humanos de Ica, reitera su preocupación y expresa su más enérgico rechazo a esta situación, la cual afecta, sin lugar a dudas, la libertad de expresión, más aún cuando se encuentra comprometido el accionar de las autoridades del Poder Ejecutivo y Jurisdiccionales.
En reconocimiento a su destacada labor promoción, defensa y consolidación del orden constitucional, la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos, dentro y fuera del país la fundadora y directora del centro Ann Sullivan, Liliana Mayo Ortega y el Embajador Javier Pérez de Cuellar, fueron distinguidos con la MEDALLA DEFENSORIA DEL PUEBLO, correspondiente al año 2010, ceremonia que tuvo como escenario el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Peru. 
