por: david lobaton:En la actual campaña electoral peruana hay un fundado temor a que el candidato presidencial Ollanta Humala —comandante en retiro del Ejército peruano— se convierta, de ganar la segunda vuelta, en una nueva versión peruana del dictador venezolano Hugo Chávez, dados los lazos que en el pasado ha habido entre ambos y la tibia condena que Humala ha hecho hasta ahora del régimen chavista. Nosotros compartimos esa preocupación y, por ello, somos de los que creemos que Humala debe dar auténticas “pruebas de amor” (garantías, compromisos y gestos concretos) de que no será un nuevo Hugo Chávez sino, en todo caso, un Lula peruano. Sin embargo, ello no debe hacernos perder de vista que en el Perú de los noventa ya tuvimos un Hugo Chávez; su nombre: Alberto Fujimori. Fujimori fue el primero de esta saga de nuevos autócratas en América Latina que luego ha continuado y “perfeccionado” Chávez.
Temor 1: Nuevas Constituciones “a la medida”
Para comenzar, se teme que, una vez llegado al poder, Humala convoque una asamblea constituyente y fuerce la aprobación de una nueva Constitución que cambie las reglas de juego en materia de inversiones privadas, consagre la reelección presidencial y fortalezca la figura del mandatario, tal como en efecto ha sucedido en Venezuela y Ecuador. Pues bien: Fujimori no se anduvo con tantos rodeos: dio el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, disolvió de facto el Parlamento y el Tribunal de Garantías Constitucionales, intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público, y destituyó por decreto a jueces y fiscales. Luego logró la aprobación —vía referéndum amañado— de la Constitución de 1993 que, entre otros aspectos, permitió su reelección.
Temor 2: Re-reelección presidencial “con yapa”
Aquí también Chávez es preclaro discípulo de Fujimori: ninguno computó como periodo de gobierno sus “primeros años” en el poder (en el caso de Fujimori, los años 1990, 1991 y 1992). Increíblemente, esos años no fueron tomados en cuenta al momento de aprobar sus Constituciones “a la medida” y, por ende, “comenzaron de cero” a contar sus respectivos periodos presidenciales de cara a la reelección. ¿Cómo le llamaron a eso? “Interpretación auténtica”.
Temor 3: Libertad de expresión, plomo o plata
Qué duda cabe de que Hugo Chávez viola sistemáticamente la libertad de expresión en su país. Basta leer el último informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela” del 2009: “[…] la Comisión analiza con preocupación la situación de la libertad de pensamiento y expresión en Venezuela. A juicio de la CIDH, los numerosos actos violentos de intimidación provenientes de grupos privados contra periodistas y medios de comunicación, sumados a las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas con base en la línea editorial, y a la apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas legales que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento de ser aplicadas y que amparan la imposición de sanciones drásticas, entre otras, configuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión [...]” (párrafo 16 del resumen ejecutivo).
La comparación es inevitable con el Perú de los noventa. Según el “Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú” del año 2000, la CIDH mostró su preocupación por la similar situación de vulneración que la libertad de expresión atravesaba en ese momento en nuestro país: “Como consecuencia de sus denuncias, los medios de comunicación y los periodistas independientes han sido víctimas de una serie de presiones que han ido desde las amenazas y el descrédito, hasta actos que constituyen serias violaciones a los derechos humanos […] De igual manera, la Comisión, en su Informe Anual de 1998, incluyó al Perú como uno de los países del hemisferio con mayores restricciones a la libertad de expresión. Sobre el particular, la Relatoría expresó en el Informe aludido: “En Perú, la limitada independencia del Poder Judicial ha creado un clima de inseguridad jurídica para el ejercicio de la profesión de periodista. A la falta de seguridad jurídica se le suma una ola de amenazas de muerte y una campaña de persecución y desprestigio a aquellos periodistas críticos del gobierno […]. La Comisión y su Relatoría para la Libertad de Expresión, por su parte, han recibido numerosas denuncias antes, durante y con posterioridad a la visita in loco, que apuntan a la existencia de restricciones de hecho sobre el ejercicio de la libertad de expresión en Perú. Estas restricciones, según se analiza a continuación, son el producto de una serie de actos sistemáticos de hostigamiento principalmente dirigidos contra periodistas de investigación, medios de prensa y políticos de oposición […]” (párrafos 23, 26 y 27 del Informe) (cursivas nuestras).
Tal vez la única diferencia entre la dupla Fujimori/Montesinos y Hugo Chávez fueron sus métodos de sojuzgamiento: los primeros prefirieron literalmente comprar las líneas editoriales de los principales medios de comunicación con rumas de miles de dólares (ahí están los “vladivideos” como testimonio), mientras que el segundo optó por seguir el camino de la confrontación abierta y cerrar manu militari varios medios de comunicación importantes. Aunque con estilos distintos, el resultado ha sido el mismo.
Otro aspecto que hermana a Fujimori y Chávez es su total animadversión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El primero intentó retirarse —sin éxito— de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y el segundo le ha dedicado ofensas irrepetibles a la Comisión Interamericana.
Temor 4: Independencia judicial
Aquí también las semejanzas son asombrosas: en el control y manipulación del sistema judicial, Fujimori y Montesinos fueron los grandes precursores y Chávez su fiel seguidor. Comparemos lo que en cada momento denunció la CIDH en relación con lo que cada autócrata perpetró en materia de justicia:
“Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela” (2009):
“13 […] a pesar de que la Constitución de 1999 estableció que la legislación referida al sistema judicial sería aprobada dentro del primer año luego de la instalación de la Asamblea Nacional, transcurrida una década lo que continúa vigente es el Régimen de Transición del Poder Público creado para permitir la vigencia inmediata de la Constitución […] 14. Otro aspecto que preocupa a la Comisión en relación con la autonomía e independencia del poder judicial es el relativo al carácter provisorio de la mayoría de los jueces en Venezuela. 15. La Comisión también refiere en su informe que un importante número de jueces ha sido removido o se ha dejado sin efecto su designación sin un correspondiente procedimiento administrativo […] La Comisión nota con preocupación que en algunos casos las destituciones de los jueces se producen de manera casi inmediata luego de que los magistrados adoptaran decisiones judiciales en casos con importante connotación política. La falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye, a juicio de la CIDH, uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana” (cursivas nuestras).
“Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú” (2000):
“236. La reforma judicial iniciada por el actual Gobierno del Perú ha erosionado gravemente la independencia del Poder Judicial. Jueces y fiscales han sido y siguen siendo hostigados, trasladados, removidos o aún acusados penalmente en los casos en que han adoptado decisiones que afectan los intereses del sector político en el Gobierno. La falta de garantías de inamovilidad ha hecho a los jueces vulnerables a manipulaciones del Poder Ejecutivo. La creciente usurpación de jurisdicción por parte del fuero militar ha llevado a una creciente militarización del procedimiento penal […] 237. Tras ocho años de intervención Ejecutiva en el Poder Judicial, más del 80% de los jueces y fiscales del país revisten status ‘provisional’. Además, el Consejo Nacional de la Magistratura, constitucionalmente encargado de designar a los funcionarios judiciales, ha sido intervenido por las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta situación conspira gravemente contra la independencia y autonomía del Poder judicial frente al poder político, y ha sido objeto de numerosas denuncias de injerencias indebidas” (cursivas nuestras).
De esta manera, el establecimiento de órganos transitorios de gobierno judicial, el control de jueces y fiscales vía la provisionalidad, la intervención o neutralización de los pesos y contrapesos judiciales y el hostigamiento y persecución de magistrados independientes que osaban salirse del “libreto”, fue una marca registrada del fujimontesinismo que Chávez siguió al pie de la letra.
Temor 5: El rechazo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Finalmente, otro aspecto que hermana a Fujimori y Chávez es su total animadversión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El primero intentó retirarse —sin éxito— de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y el segundo le ha dedicado ofensas irrepetibles a la Comisión Interamericana. Ahora, el mismo canciller peruano que lideró esa cruzada fujimorista en contra del Sistema Interamericano —Fernando de Trazegnies—, vuelve a aparecer en el equipo de Keiko Fujimori que, coincidentemente, ha ratificado su propuesta de restablecer la pena de muerte para algunos delitos graves, sabiendo —de antemano— que ello es incompatible con la Convención Americana. ¿Volverán a intentar salirse del Sistema? Si desean hacerlo, hoy contarían con Hugo Chávez como su principal aliado.
FUENTE: REVISTA IDL
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